La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Nogales, Región de Valparaíso, asegurar el abastecimiento de, al menos, 100 litros de agua potable per cápita al día, especialmente a miembros de grupos vulnerables de la comuna.

En la sentencia (causa rol 72. 198-2020), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Julio Pallavicini– estableció que:

la obligación del Estado de asegurar el acceso al agua potable a todos los habitantes del país, especialmente a grupos vulnerables, tal como lo disponen diversos tratados internacionales suscritos por Chile.

Nogales está ubicada en la Región de Valparaíso y es una zona que ha sufrido gran deterioro por la sequía durante los últimos años.

De hecho, Greenpeace denunció hace algunos meses el problema particular que tienen los habitantes de la localidad de El Melón y apuntó sus críticas hacia los productores de paltas (que requieren mucha agua) y también a la mina El Soldado, de Anglo American.

«De las disposiciones recientemente citadas, emerge nítidamente una conclusión irredargüible: toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones», afirma el fallo.

La resolución agrega:

«Que, si el derecho al agua es un derecho humano fundamental, con mayor razón lo es tratándose de ciertos grupos vulnerables y categorías protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los pobres de zonas urbanas y rurales; las mujeres (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979); los niños (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989); las personas con discapacidad (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006); los refugiados y las personas internamente desplazadas; y los pueblos indígenas (Folleto Informativo N° 35: ‘El derecho al agua’, op. Cit., páginas 19 a 26)».

Por qué es tan importante este hito

En Chile, el 98% del agua está destinado para las actividades mineras, agrícolas, de energía y otros. Sólo el 2% está destinado al consumo de la población. En 6 años, el Estado gastó más de 92 mil millones de pesos en suministro de agua para 400 mil habitantes en zonas de sequía. El 76% de la superficie de Chile está afectada por sequía y el 65% de la población del país vive ahí.

La responsabilidad ineludible del Estado

Para la Corte Suprema:

«(…) el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los demás órganos competentes debe asegurar la provisión de, a lo menos, 100 litros diarios por persona, respecto de estos grupos o categorías protegidas, modificando los criterios y requisitos establecidos en el Oficio Ordinario N° 18.087 de 31 de diciembre de 2016 de la Subsecretaría del Interior, a fin de garantizar el acceso del vital elemento a favor de estos grupos».

Además, la sentencia concluye:

«toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condicione».

Lo que significa este fallo para Greenpeace

La organización ambientalista aseguró que:

“Este fallo reconoce la realidad del agua en Chile donde sólo 2% es para las personas y el 98% está en manos de privados como Anglo American”

La organización ambientalista enfatizó que

“esta sentencia de la Corte Suprema, que asegura un abastecimiento no inferior a 100 litros de agua para la localidad de El Melón, sólo revela cómo en Chile hemos normalizado que el Estado compre el agua que entregó gratis para llevarla en camiones aljibes a la población, ello pese a que el consumo del agua representa el 2% del agua disponible y que el 98% está en manos de privados como Anglo American”.

Desde la ONG explican que el fallo de la Corte Suprema sólo profundiza el conflicto por el agua en esta localidad, ya que al indicar que el municipio es el encargado de la distribución del agua, está señalando que es el mismo Estado el que debe asegurar el derecho humano al agua y no reconoce que éste ha sido el responsable del sobre otorgamiento de derechos de agua para las grandes empresas como Anglo American.

La Región de Valparaíso es claro ejemplo de las consecuencias de una gestión deficiente del agua, donde actualmente se han sobre otorgado más de siete veces los derechos de agua existentes.

La cruda realidad en datos

Ya para el año 2017 casi el 92% de la población que se abastece de agua a través de sistemas de agua potable rural, sufrió interrupciones en el suministro de agua.

Movimientos territoriales han logrado evidenciar desde hace años el grado de vulneración y violación a los derechos humanos provocados por la utilización del agua para usos industriales principalmente agrícolas y mineros.

Josefina Correa, directora Política de Greenpeace, explica que

“El uso desmedido de los derechos de agua de la empresa a través de la Mina El Soldado, es brutal.»

Mientras Anglo American alcanza más de 453 litros por segundo, en derechos totales otorgados de agua, toda la población de El Melón debe conformarse con sólo con los 55 litros.

Para Correa, no son ni los municipios ni la Corte Suprema quienes deban hacerse cargo de las condiciones de acceso al agua de los habitantes, sino un nuevo modelo de gestión del agua que comienza con la redacción de una nueva Constitución que asegure:

«que todas las personas, sin importar condición económico social, tienen el derecho a acceder a agua potable en cantidad y calidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas”.

La realidad hídrica de Chile

En Chile, la escasez de agua afecta a casi 1 millón de personas que hoy no tienen acceso asegurado al agua, quienes presentan altos índices de vulnerabilidad social, ambiental y económicas.

Asimismo, 383.204 viviendas no cuentan con agua potable. A estas viviendas se suman, cerca de 350.000 personas que se ven afectadas por cortes de suministro de agua potable rural.

Los cortes de agua afectan mayoritariamente a las regiones de Valparaíso (60% de los sistemas de agua potable rural), Tarapacá (51%), Arica-Parinacota (46%), Antofagasta (40%) y Atacama (40%).

Respecto a la indicación que señala a la Municipalidad de Nogales como la responsable de implementar el plan de entrega de agua potable, la representante de Greenpeace indicó que:

“poco a poco los problemas de la crisis hídrica se endosan a servicios públicos con baja capacidad de ejecución, como los municipios, cuando la verdadera urgencia es que el Estado recupere el agua y garantice el acceso en cantidad y calidad para cubrir las necesidades básicas de las personas y los ecosistemas”.

Desde la ONG afirmaron que es urgente avanzar en las reformas a la gestión del agua,, la reforma al modelo de gestión implementado por el Código de Aguas, el avance en la protección de ecosistemas hídricos claves – glaciares, salares, turberas y humedales-, y en el manejo integrado de cuencas, entre las cosas más prioritarias.

Consideramos que hay gran desinformación entre la población respecto a esta realidad, sobretodo en medio de un cambio climático que augura la importancia del vital elemento.

@Impure