Kensington, el barrio de Philadelphia donde la humanidad se arrastra, es un espejo roto que refleja la cara más grotesca del capitalismo: esa donde el cuerpo es mercancía, el dolor es industria y la muerte es una cifra con fines de lucro. Allí, donde el sueño americano se revienta en cada vena perforada por fentanilo, la distopía no es un guion de ciencia ficción: es política pública.
La imagen es brutal: jóvenes con la mirada vacía, piel pálida, cuerpos encorvados por la sustancia que les hace olvidar que fueron desechados del sistema antes incluso de tener conciencia. No hay redención, no hay épica del adicto: solo desamparo y una maquinaria perfecta que convierte la miseria en ganancia.
Como bien advertía Nancy Fraser, el capitalismo no solo se sostiene en la explotación laboral, sino en el vaciamiento de todas las formas de vida no rentables. Este sistema —que dice ofrecernos libertad— necesita cuerpos colonizados por el mercado para justificar su permanencia. En las poblaciones, villas y favelas de América Latina, no es casual que las drogas más baratas y letales circulen como caramelos. Es un diseño: una estrategia necropolítica para neutralizar la revuelta.
El narco-capitalismo, concepto que Sayak Valencia desenmascara con precisión quirúrgica, convierte a los territorios empobrecidos en zonas de sacrificio. No hay guerra contra las drogas, hay guerra contra los cuerpos racializados, feminizados y precarizados que habitan esos márgenes. Lo que se construye no es seguridad, sino un orden de exterminio lento, funcional al capital.
Mientras tanto, la industria farmacéutica sigue amasando fortunas con el mismo compuesto letal que distribuye el narco: fentanilo. Porque el negocio de la muerte es redondo. Se legaliza para quien puede pagarlo, se criminaliza para quien lo necesita. En los pasillos de hospitales privados se receta con guante blanco; en los pasajes de tierra de las poblaciones, se inyecta con cucharas quemadas.
¿Qué revolución puede emerger de una generación que nace anestesiada? El capitalismo lo sabe: una juventud crítica es una amenaza, pero una juventud adicta es perfectamente gobernable. El fentanilo no solo mata; domestica.
En América Latina, esta lógica ya opera como un ensayo general. En Chile, Argentina, México y Colombia, las drogas sintéticas entran por las grietas del abandono estatal. No son un problema de salud: son un dispositivo de control. Porque cuando los cuerpos se quiebran, se dispersan y se matan entre sí, el poder puede dormir tranquilo.
¿Quién gana en este modelo? Las farmacéuticas, las clínicas de rehabilitación privadas, las industrias de seguridad, los gobiernos que capitalizan el miedo, las iglesias que prometen salvación a cambio de obediencia. Todos, menos quienes mueren en las calles con una aguja en el brazo.
Este es el triunfo del capital: no solo dominar el trabajo, sino también la pulsión de muerte. No solo gobernar la vida, sino decidir quién merece vivir y quién puede ser descartado.
En un mundo donde todo se puede monetizar —incluso la adicción—, resistir es recordar. Pensar, sentir, acompañar. Nombrar las violencias, denunciar a los verdugos con nombre de laboratorio, exigir políticas públicas con enfoque de derechos y no de represión.
Porque nuestras juventudes no nacieron para morir. Fueron condenadas por un sistema que jamás pensó en ellas como sujetos de derecho. Y no hay mayor injusticia que esa.