En el centro de la Av. Argentina, entre murales, risas y ecos de generaciones pasadas, se levanta la Escuela provisoria Ramón Barros Luco, un establecimiento patrimonial de Valparaíso que, desde el terremoto del 2010 no tiene sede propia y hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de su reciente historia.
A causa del Oficio N°30/2025 de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), decenas de profesoras y profesores podrían perder sus puestos de trabajo bajo la categoría de “sobredotación docente”, una medida que afecta a escuelas públicas de todo el país administradas por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Detrás de la frialdad de los números, hay rostros, historias y comunidades enteras que se sostienen en la vocación de enseñar. En este caso, 24 trabajadoras y trabajadores —más de 1.000 horas de docencia— quedarían fuera del sistema, pese a desempeños satisfactorios y a su papel clave en mantener la identidad pedagógica y cultural del colegio.
“No somos sobrantes. Somos parte del alma de esta escuela. Si nos quitan, no solo se pierden puestos de trabajo: se apaga un proyecto educativo con sentido de territorio”, comenta una de las docentes afectadas.
El oficio de DIPRES prohíbe nuevas contrataciones en instituciones con dotación sobre el límite legal y exige “ajustes” en función de la matrícula. Pero en Valparaíso, esta lógica administrativa pasa por alto realidades que no caben en una planilla Excel: la deserción escolar pospandemia, la precariedad social de las familias y la urgencia de acompañar procesos educativos más allá del aula.
“Nos piden fusionar cursos si no hay 20 estudiantes por sala, pero ¿cómo se fusiona el vínculo con una niña que apenas volvió a confiar en la escuela después de años fuera del sistema?”, cuestiona otro profesor.
La comunidad educativa —dirección, docentes, asistentes y apoderadas— ha iniciado un proceso de defensa y diagnóstico participativo para proyectar un nuevo perfil institucional que revalorice su historia, su vocación patrimonial y su rol en el territorio. La idea es demostrar que el problema no es de eficiencia, sino de abandono estatal.
“El primer detalle es que nuestra escuela, pese a todo lo que hemos vivido, continúa manteniendo excelentes resultados académicos, avalados por los resultados SIMCE.
Tenemos uno de los mejores niveles de convivencia escolar en comparación con otras escuelas públicas.
Esta Escuela Sigue siendo un lugar seguro para las niñas, para aprender y para ser felices, que para nosotros es lo más importante”, señala una de las profesoras del establecimiento.
La comunidad, sin embargo, no parece importar ante la maquinaria de los números:
“La directora del establecimiento sostendrá una reunión este jueves 30 de octubre y la están conminando a proponer un plan que tenga que ver con despidos.
Si ese plan no les agrada y ella se niega, simplemente van a empezar a despedirnos sin considerar el trabajo que se ha venido realizando”, agregan los profesores.
Mientras las autoridades de educación repiten la palabra “ajuste”, la comunidad educativa insiste en hablar de derechos, dignidad y vocación.
El equipo docente, la dirección y las familias se han organizado para defender la integridad del proyecto educativo, argumentando que la matrícula no es un reflejo de la calidad ni del compromiso pedagógico, sino de la falta de políticas sostenidas para fortalecer la educación pública.
El SLEP Valparaíso reconoció que la reducción de personal responde a lineamientos nacionales y no a una evaluación particular de la escuela. Sin embargo, tras la gestión de la dirección y de la jefa de UTP, se logró negociar una reducción del mínimo de estudiantes por curso y la creación de un Plan de Mejora de Asistencia y Revinculación Escolar para 2026, que podría mitigar los despidos.
“Estamos hablando de un colegio de niñas, con historia, con sentido. No se puede medir solo por matrícula. La educación pública no puede seguir siendo la variable de ajuste del Estado”, añade una representante del cuerpo docente.
Mientras el Ministerio de Educación y el SEREMI revisan alternativas, la comunidad del Ramón Barros Luco sigue organizándose.
En sus patios, las profesoras repasan lecturas, afinan cantos, preparan actos y redactan comunicados.
Porque saben que defender la educación pública también es un acto pedagógico: enseñar que el trabajo, la dignidad y la memoria no se recortan con un oficio administrativo.
Defender sus puestos de trabajo es, también, defender el derecho de las niñas a aprender en un lugar donde la felicidad sigue siendo parte del currículo.