En una extensa investigación de ANF , se da cuenta cómo ha aumentado la impunidad y han ganado terreno las violencias y amenazas a mujeres periodistas incluso en los pasillos del Palacio de Gobierno de Bolivia ante la inamovible mirada de autoridades y la justicia.

Esta realidad, no sólo es palpable en el país altiplánico, ya que situaciones como las que relatan las profesionales  forman parte de una constante en países de Latinoamérica y del Sur Global.

Las mujeres periodistas son parte de un universo de vulneraciones a la libertad de prensa y los derechos humanos, situación que se ha ido agravando en los últimos años.

El motivo de los ataques surge principalmente por investigar e informar sobre temas relacionados con corrupción, cuestionar al Gobierno, denunciar las violaciones a los derechos humanos o darles voz a las víctimas de casos de violencia machista.

Pero en Bolivia, las agresiones durante la cobertura también surgen en medio del registro de conflictos sociales y vienen de ambos lados: policías, manifestantes o grupos en conflicto.

Como siempre: el papel no soporta la realidad

El marco jurídico nacional e internacional de protección a periodistas tiene valor nominal en Bolivia, las voces gubernamentales sobre protección y apoyo al trabajo periodístico suenan a ironía en un país que en 2022 bajó 16 ubicaciones en relación a la libertad de prensa, de acuerdo a la clasificación mundial de Reporteros Sin Frontera (RSF).

Los datos son contundentes para reafirmar el reclamo de las mujeres periodistas: entre 2006 a 2023, según la misma organización, Bolivia perdió 100 puestos en libertad de prensa.

“Las periodistas no somos nada para las autoridades”

Beatriz Layme ve cómo la impunidad ha dado paso al aumento de agresiones que van desde señales e insultos sexistas, amenazas de muerte, difamación, golpizas, robo de instrumentos de trabajo, amedrentamiento judicial y hasta secuestros.

“Hoy el agredir a una mujer o a un hombre periodista es normal, nos hemos convertido en un blanco perfecto”, refiere Jorge Abrego, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, quien reconoce que la palabra “prensa” ya no es sinónimo de respeto en el país, donde, en promedio, cada 3 días se vulneran los derechos de las y los periodistas.

En la realización del reportaje se revisó documentación generada por organizaciones, se entrevistó a víctimas, a representantes de gremios de periodistas y expertos en el tema.

Los testimonios recogidos confirman la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres periodistas y el desinterés del estado y sus autoridades.

En Bolivia, un país que destaca por sus mayores índices de violencia de género y donde cada tres días ocurre un feminicidio, es difícil ser mujer y periodista.

A las actitudes ya violentas contra el trabajo de la prensa se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física por el sólo hecho de ser mujeres.

Este contexto adverso se ve favorecido por diversas situaciones como la negligencia de las autoridades para sancionar o prevenir la agresión, el inoperante sistema judicial, la poca fortaleza de los gremios y de los medios de comunicación para apoyar la denuncia de las y los trabajadores.

De igual manera, la polarización política y social y la falta de protocolos específicos para reaccionar frente a esta situación han ido conculcando los derechos de las y los periodistas generando debilitamiento del trabajo, autocensura y hasta el abandono del ejercicio.

Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, señala que:

«si bien existe un marco legal referente a la libertad de expresión como derecho humano que es reconocido por la Constitución Política del Estado como por la Ley de Imprenta, que apoya la actividad periodística y a los medios de comunicación, “no existen políticas específicas de protección para las y los periodistas”.

La Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó que la violencia contra las mujeres es perpetrada por distintos actores como funcionarios del Estado, fuentes de información o colegas y tiene lugar en diversos contextos y espacios, incluyendo la calle, el lugar de trabajo y las oficinas o instituciones estatales.

Violencia simbólica, violencia machista

Zulema Alanes, representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha declarado que el trabajo de las mujeres periodistas “adquiere dimensiones complejas y de riesgo puesto que existen actitudes violentas contra el trabajo de la prensa y a éstas se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física” por el hecho de ser mujeres.

De acuerdo a la representante de la ANPB, en los contextos de conflictividad social, que se han ido acentuando en el país, la violencia física y verbal se manifiesta de manera particular en base al género, con insultos y amenazas de violación, descalificación de su trabajo como periodistas con palabras como “qué haces aquí, por qué no vas a cocinar, insultos típicos machistas, patriarcales y misóginos”.

La periodista y activista feminista Lucía Lagunes agrega que a las agresiones en la calle se suman el acoso y hostigamiento sexual dentro de las redacciones, ya sea por sus jefes, compañeros periodistas o por fuentes informativas; y, en algunos casos, como cualquier otra mujer, los conflictos y violencia también se presentan en los hogares o con sus parejas.

Periodistas: Luis Fernando Cantoral – Ruth Norah Oblitas