Un caso de impotencia e impunidad se vivió en las aulas de la Universidad Diego Portales: estudiantes que sufrieron acoso sexual fueron expulsadas de la institución de educación superior, la mayoría luego de realizar movilizaciones feministas, ahora buscan justicia y reparación.
Un caso que busca sentar precedentes
Corría el año 2019, cuando estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Diego Portales acusaron a un profesor ayudante de acoso sexual. Estos hechos desencadenaron una serie de movilizaciones al interior del plantel, llevadas a cabo principalmente por alumnas.
Tras considerar la evidencia, se abrió un proceso interno que terminó con una sanción leve para el acosador, situación que desencadenó más movilizaciones que terminaron con la sanción y separación del plantel de tres de las cuatro demandantes.
Las jóvenes, al ser parte de la federación y de la Secretaría de Sexualidad y Género, eran algunos de los rostros visibles de las manifestaciones, razones por las que habrían sido individualizadas, sumariadas, pasadas a Tribunales de Honor y, finalmente expulsadas en marzo del 2020.
Persecución y sanciones para acallar el inconformismo
Las estudiantes fueron señaladas, marginadas y castigadas por levantar la voz ante la injusticia. Como líderes estudiantiles, fueron marcadas, se les persiguió y fueron condenadas al ostracismo lo que les provocó un irreparable daño emocional, familiar y económico.
De acuerdo a Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres y representante de las ex alumnas señaló que
“el proceso vulneró las garantías fundamentales de las estudiantes… al sancionarlas por una conducta que no fue acreditada, y que sólo castigó a un grupo pequeño de más de 600 estudiantes que participaron en las movilizaciones. Esto demostró que fueron separadas del plantel sólo por ser el rostro visible de una movilización mucho más grande”.
Acoso Sexual e impunidad
Una de las exalumnas que finalmente abandonó el plantel es, precisamente, una de las víctimas del profesor ayudante acusado de acoso sexual, que afectó gravemente su salud y tranquilidad mental.
De acuerdo a los antecedentes que están bajo conocimiento de AML, la estudiante recibió mensajes inapropiados a través de redes sociales y, al enterarse que había más alumnas, denunció al docente.
Tras dar a conocer la situación de acoso, se abrió un proceso angustiante que comenzó con el cuestionamiento de las estudiantes, lo que afectó a las demandantes y sus familias. La investigación terminó con una sanción que no se condice con la gravedad de los hechos.
Ante la impunidad y persecución, la estudiante decide abandonar el plantel por el proceso mal llevado por las autoridades universitarias y que le afectó emocionalmente.
Este hecho es crucial para entender cómo el sistema sigue castigando a las mujeres que denuncian, dejando al victimario con la posibilidad de volver a actuar amparado pro la impunidad, considerando el bajo precio que debe pagar ante su delito.
Afectación sicológica y daños emocionales irreparables
Otra de las alumnas, también acosada por el profesor ayudante, sufrió un cuadro psicológico que le impidió cumplir cabalmente con sus obligaciones académicas, lo que derivó en su expulsión por un sumario en Tribunales de Honor por caer en causal de eliminación académica.
De acuerdo a la declaración de las estudiantes, todos estos procesos fueron angustiantes, dolorosos y abusivos, sobre todo porque no se realizó una investigación conforme a los estándares del proceso durante el sumario, ni se tomó en cuenta el daño y estrés causado por el abuso.
Ante la situación, las estudiantes congelaron sus carreras, soportaron hostigamientos y denostaciones por parte de docentes, en tanto se encontraron con la dificultad de entrar a una nueva casa de estudios debido a los antecedentes que quedaron señalados en la UDP.
Millán, como representante de las exalumnas, explicó que “las estudiantes ingresaron a la universidad con la esperanza de participar del proyecto educativo de la ‘Universidad más pública de las privadas’ -como recalca su propio rector Carlos Peña- , ya que imparten sus carreras bajo un alto estándar de calidad y con enfoque en derechos humanos. Pero esto, finalmente, no se condice con el trato que recibieron las estudiantes”.
Justicia y reparación
Con todo, señaló Millán, a través de esta demanda se espera “reparar mediante una indemnización el daño causado por la universidad, que despojó a las estudiantes de sus carreras universitarias”.
La abogada agregó que «las situaciones vividas por las ex alumnas fueron llevadas a cabo por distintos trabajadores del plantel, desde el rector, como figura principal, pasando por la Vicerrectoría, la Dirección Jurídica, el Departamento de Género, hasta profesores por lo que “hubo un actuar de los miembros de la comunidad educativa que no salvaguardaron los derechos fundamentales de las estudiantes ante las denuncias y movilizaciones feministas”.
Este caso, que no es ajeno a la realidad cotidiana, invita a reflexionar sobre la incapacidad de un sistema que aún castiga a la víctima/sobreviviente y que permite seguir ejerciendo en la impunidad al victimario. Así se establece un precedente en donde futuras acciones indebidas de acoso o violencia sexual dentro de las aulas universitarias, quien denuncia tiene más que perder que quien ejerce el delito.
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