Nicolás Bustamante, docente y candidato a concejal, está detenido acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa para tratar una depresión que lo aqueja y que consume según indicación de su neuropsiquiatra.

Bustamante, como la mayoría de pacientes diagnosticados con dolencias crónicas, es paciente de la Fundación Daya, donde ha demostrado su enfermedad y ha sido tratado por médicos del centro.

El profesor, ha acusado malos tratos y tortura durante su encarcelamiento. Frente a esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH y la Defensoría Penal Pública, DPP, prepara una audiencia de revisión de medidas cautelares para su pronta liberación.

Persecusión y desprotección

Greissy Morán,  esposa de Nicolás Bustamante relató en el conversatorio “Persecución de Pacientes que cultivan cannabis en Chile, una dramática realidad” la cruda realidad que está sufriendo su pareja, que ya suma 19 días en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua:

“Yo logré comunicarme oficialmente con él dos semanas después de ser detenido. Me informó que estuvo cuatro días sin acceso a agua potable, al lado de sus deposiciones… al tercer día no quería comer, una persona de una celda contigua le convidaba agua de una botella, él ya no quería tomar nada porque era tanto el abuso que estaba sufriendo en ese momento, que ya no quería seguir…”, relató Greissy, entre lágrimas.

“Conseguimos enviarle sus medicamentos, no se los dieron, se los dieron un solo día”, agregó.

Cannabis para un trastorno neurosiquiátrico

El alivio que Nicolás encontró en el tratamiento con Cannabis Medicinal, indicado por su neuropsiquiatra tratante, fue violentamente interrumpido cuando llegó un grupo de seis Carabineros a su casa.

La policía ingresó sin orden judicial e incautaron las tres plantas recién cosechadas destinadas al tratamiento médico de Nicolás, y un kit de cultivo en desuso.

Sin mostrar ninguna orden o documentación, detuvieron al profesor y lo pasaron a control de detención a la mañana siguiente. La familia perdió contacto con él por varios días. Aún no vuelve a casa.

“Los antecedentes de este caso ya están en manos del INDH, está la DPP en pleno trabajando para una audiencia de revisión de medidas cautelares, pero más allá de eso, acá hay torturas durante el encarcelamiento”, dijo Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.

El caso de Sebastián

Este caso es muy similar al de Sebastián Henríquez, joven psicólogo y educador, paciente de Talca quien estuvo 17 días en prisión preventiva por tener tres plantas en su casa destinadas a tratamiento médico de un glaucoma.

Henríquez sólo fue liberado por un fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario nocturno. El INDH también está trabajando en este caso.

“A Nicolás le incautaron tres plantas y le están imputando 4 kilos. Todos los que hemos cultivado cannabis sabemos que eso es totalmente imposible, es imposible que de tres plantas haya salido esa producción. Hemos hecho analizar las fotografías por tres peritos distintos y coinciden en esta afirmación, siendo el máximo posible estimado de 650 gramos, por debajo de la cantidad de la provisión anual necesaria para su tratamiento anual”, agregó la fundadora de Daya.

El abogado Mauricio Daza, experto en Derecho Penal, reconocido por su labor como querellante de los casos Penta, Corpesca, Cascadas y SQM, entre otros, fue el invitado especial del foro.

Daza, aclaró que “El cultivo medicinal está absoluta y expresamente permitido, tengo la convicción que esta situación se revertirá (la prisión preventiva del profesor)”.

Además  aclaró que:

“El camino de la legalización es inevitable, vamos para allá, el punto es que en el intertanto, al menos exigimos que se respete la ley vigente. Estamos hablando de personas que están utilizando cannabis para fines terapéuticos, acá no puede ser que un policía pueda decidir por sí o ante sí de que esa norma le guste o no le guste. O un fiscal que está viendo tráfico todo el día, bueno, en cualquier conducta verá tráfico. Ese es el problema”, dijo el abogado, candidato a Convención Constituyente por el Distrito 28.

Testimonios

Cada caso presentado en el foro de pacientes criminalizados de Fundación Daya tiene sus particularidades.

Por ejemplo, a Tomás Morales, joven talquino de 30 años de edad, que se fracturó la cadera jugando a la pelota, le intentaron robar su cosecha, lo que se conoce popularmente como “una mexicana”.

Morales, asustado, decidió llamar a Carabineros para que lo ayudaran, sin embargo, los policías lo detuvieron, incautaron su medicina y fue procesado por tráfico.

Este es su testimonio:

«Tengo cuatro pernos de titanio y dos cadenas en mi cadera, me estaban tratando con tramadol, pero eso me tenía con poco ánimo y estaba adormilado todo el día, gracias a la marihuana pude ver las cosas de otra forma, disminuyeron los dolores, pude dormir y comer mejor. Tenía una sola planta en el patio, y el tiempo que estuve en cama me venían a ver amigos, un día un amigo llevó a unos conocidos que vieron la planta. Han pasado unos años de eso, y ese tipo volvió a la casa. Le preguntó a mi mamá por ‘Matías’, yo me llamo Tomás, pero ella se acordaba que lo había visto antes así es que le dio mi número. Me llamaron y amenazaron con dispararle a mi madre si no les pasaba la planta, cuenta el joven que trabaja como administrador gastronómico. Yo pensé que los Carabineros me iban a ayudar pero fue todo lo contrario. Yo los llamé para que nos protegieran pero me allanaron e incautaron todo. Se llevaron también dinero del 10% de mi madre que teníamos en efectivo. Me llevaron y pasé la noche detenido… y los que nos amenazaron y trataron de robar, nada, incluso nos siguieron molestando”, agregó.

La historia de Clara

Clara Jiménez, tiene 56 años de edad y vive en La Cisterna. Está diagnosticada con artrosis de manos, pies y rodillas, más lumbago crónico, y según indicación médica, cultivaba tres plantas en su patio.

“El 31 de marzo llegó Carabineros a mi casa, estaba sola, dijeron que venían por una denuncia de vecinos, les pedí la orden pero no tenían, dijeron que tenían una orden verbal y comenzaron a forzar mi puerta. Se llevaron mis plantas, me llevaron a la Comisaría, y quisieron obligarme a firmar un papel en varias ocasiones (la autorización voluntaria de entrada y registro). Llamaban a mis familiares para que me convencieran y me pasaban el celular, pero yo me negué, sabía que no tenía que firmar nada, porque eso me dijo Ana María, que me contactó durante el allanamiento. Veinte minutos después, me dijeron que me fuera a la casa”, dice Clara.

Esto es muy importante, dice la fundadora de Daya,

“Nunca hay que firmar la autorización de ingreso y registro, pues este proceder de las policías es totalmente ilegal, ellos actuaron sin ninguna atribución, por eso querían que Clara firmara para así validar un procedimiento inválido pues no tenían autorización para hacerlo. Hoy no hay causa, no hay proceso judicial y si lo pensamos bien, esto es un robo, ¿dónde están las plantas?”, dice.

Carlos y un sistema inconsecuente

Carlos Ramírez es un padre de familia de la comuna de La Florida, que cultivaba en su patio 14 plantas de cannabis para el tratamiento de su hijo Brandon, diagnosticado con TEA y para la abuela de su señora, adulta mayor de 91 años postrada.

El Ministerio Público, incomprensiblemente, pedía inicialmente 10 años de presidio. Fue absuelto por unanimidad de todos los cargos luego que se acreditara el uso terapeútico de las plantas. (Ver sentencia del caso)

La presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, Paulina Bobadilla, quien moderó el foro, cerró con una reflexión.

“Es muy reconfortante sentir que no estamos solos ni solas, nosotros no somos culpables, somos víctimas de un sistema indolente, sólo buscamos aliviar el dolor nuestro y de nuestras familias, que no han tenido respuestas a tratamientos tradicionales. Aquí hay parlamentarios que no han cumplido su rol, vienen las elecciones y es importante votar por quienes sí apoyan a los usuarios medicinales de cannabis”.

Ley Cultivo Seguro de Cannabis medicinal

Es importante recordar que los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, en este caso medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000.

La gran mayoría de los usuarios criminalizados son sobreseídos pero quedan gravemente afectados en su salud emocional, psicológica y física, traumatizados por la vulneración a sus derechos.

Por lo demás, pierden sus plantas y materia prima por lo que se ven obligados a interrumpir sus tratamientos médicos, con las consecuencias que ello trae en el tratamiento de sus patologías.

Estas arbitrariedades demuestran una vez más la urgente necesidad de avanzar con la Ley Cultivo Seguro, que modifica el Código Sanitario, aprobada con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Comisión de Salud del Senado, ha retrasado dos años la consolidación de este proyecto.

De haber sido aprobado, no existiría la posibilidad de que los pacientes sean allanados ni criminalizados.

@Impure