El anuncio del alcalde Héctor Muñoz sobre una “consulta ciudadana” para decidir la construcción del Museo de la Memoria en Concepción no es un ejercicio democrático, sino un intento de la ultraderecha local por relativizar la historia y someter los Derechos Humanos a votación popular. La memoria, como la verdad y la justicia, no se
plebiscita.

El anuncio del alcalde Héctor Muñoz respecto a una “consulta ciudadana” sobre la construcción del Museo de la Memoria en Concepción, programada para el primer trimestre de 2026, no puede interpretarse como un simple acto democrático.

Es, por el contrario, una peligrosa instrumentalización de la participación ciudadana para politizar y, potencialmente, vetar un proyecto que constituye una deuda histórica y una obligación moral del Estado.

La Memoria y los Derechos Humanos no son un asunto sujeto a la conveniencia ideológica de la administración de turno. Son pilares fundamentales de nuestra democracia, y su preservación no admite relativismos ni plebiscitos de ocasión.

El veto ideológico de la ultraconservaduría

La crítica central radica en quién impulsa esta consulta. El alcalde Muñoz, miembro fundador del Partido Social Cristiano y con un historial político de tendencia ultraconservadora, se alinea con sectores que históricamente han exhibido una clara
inclinación al negacionismo o al revisionismo sobre los crímenes de la dictadura.

En consecuencia, resulta incomprensible —y francamente ofensivo— que un edil con esta ideología pretenda imponer un plebiscito sobre un área tan sensible. Un alcalde de ultraderecha no está moral ni políticamente habilitado para ser el árbitro de un proceso que busca honrar a quienes fueron asesinados, torturados y desaparecidos solo por pensar diferente.

Además, no se trata de un hecho aislado. A lo largo del país, diversos sectores conservadores han intentado deslegitimar políticas de memoria, desde la construcción del Museo de la Memoria en Santiago hasta la implementación de programas educativos sobre derechos humanos.

El caso de Concepción, por tanto, se inserta en una estrategia más amplia de revisionismo histórico que busca disputar incluso los consensos básicos de nuestra democracia.

Una herida local que no puede negarse

Para comprender la gravedad del asunto, es necesario recordar que Concepción fue una de las zonas más golpeadas por la represión militar. El Estadio Regional, la Isla Quiriquina y los cuarteles de la Armada funcionaron como centros de detención y tortura. Numerosos estudiantes, trabajadores y dirigentes sociales fueron víctimas de desaparición forzada en
nuestra región.

Por ello, el Museo de la Memoria en Concepción no es solo un acto simbólico: es una reparación ética y educativa. Someter su existencia a votación popular implica relativizar el sufrimiento de cientos de familias penquistas que aún buscan verdad y justicia. En este contexto, la consulta municipal no representa participación democrática, sino una forma encubierta de negacionismo institucional.

La hipocresía del gasto público selectivo

Asimismo, la supuesta preocupación por el “voto informado” y la participación ciudadana se
derrumba ante la evidencia del gasto público selectivo.

Me pregunto: ¿dónde estaba la ordenanza de participación ciudadana cuando, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se gastaron dos mil millones en ese “mausoleo de cemento” inútil y peligroso que hoy adorna nuestra ciudad? Esa inversión se realizó sin plebiscito, sin consulta, y en un momento en que comunas enteras del Biobío aún estaban en el suelo, clamando por reconstrucción y viviendas sociales.

En aquel entonces, no hubo llamado a la “validación de los penquistas”. Simplemente se gastó, sin medir el impacto ni la necesidad real. Hoy, cuando el Ministerio de Cultura dispone de las partidas presupuestarias y la voluntad política para invertir en la Memoria, se levanta la barrera de la consulta municipal. Ello revela que la preocupación no es por la
participación, sino por el contenido del proyecto y lo que representa.

La memoria es un “derecho, No un voto”

La memoria histórica, como ha señalado la UNESCO, constituye un derecho colectivo vinculado a la verdad y la justicia. Someterla a votación vulnera los compromisos internacionales asumidos por Chile, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios de Naciones Unidas para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos a través de la Lucha contra la Impunidad.

Concepción y la región del Biobío sufrieron de manera brutal bajo la dictadura. Por tanto, la construcción de este museo es una necesidad imperiosa: una forma de garantizar el Nunca
Más en un territorio marcado por la represión.

El alcalde Muñoz debe recordar que su rol es administrar la comuna, no instrumentalizar los traumas históricos para fines ideológicos. El argumento de la participación esconde el riesgo de que la ultraderecha busque vetar un proyecto clave para los Derechos Humanos.

Como advirtió Primo Levi, “ocultar la memoria es repetir el crimen en silencio”. No se trata de recordar por dolor, sino por responsabilidad cívica.

La memoria no se plebiscita; se ejerce. El Museo de la Memoria es una deuda que el Estado de Chile tiene con sus víctimas, y esa deuda no puede ser cancelada ni postergada por una administración que exhibe una clara tendencia al negacionismo. Menos cuando un país permite que la verdad se someta a votación, abre la puerta a que el horror vuelva a ser una opinión. Y eso no es democracia: es olvido institucionalizado.

@impure