Por Andrea Peña
Estamos, una vez más, frente a un momento decisivo. El ingreso del nuevo proyecto de ley de aborto vuelve a poner en la palestra no solo la autonomía de los cuerpos de mujeres, niñas y personas gestantes, sino los proyectos de vida de quienes aún servimos al sistema sin igualdad de condiciones. Porque esto no va de moral ni de partidos: va de libertad reproductiva. Va de tener el derecho —y las condiciones— para elegir si queremos o no maternar, cuándo y cómo hacerlo.
El sistema en que vivimos —capitalista, patriarcal, racista— no solo precariza vidas, sino que impone una maternidad obligatoria, sin redes, sin garantías, sin justicia. Un sistema que romantiza el sacrificio femenino, que condena a quien decide interrumpir un embarazo, pero es incapaz de ofrecer condiciones reales para criar con dignidad.
En este Chile de viviendas inalcanzables, trabajos inestables y salud privatizada, parir no puede ser un mandato.
Hablar de aborto legal es hablar de justicia social
En un país donde cada año alrededor de 3.000 niñas menores de 14 años* se convierten en madres —producto de violencia sexual—, donde más del 60% de las mujeres jefas de hogar crían solas y donde el acceso a métodos anticonceptivos está mediado por la clase social, la ruralidad o la nacionalidad, resulta urgente afirmar que los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser un privilegio.
En este contexto, donde las mujeres empobrecidas son las más expuestas a embarazos no deseados y a maternidades forzadas, entender que el derecho a decidir no puede depender del código postal, los contactos personales o la fe del médico de turno es una cuestión de justicia básica.
Un feminismo situado nos obliga a ver que no todas las mujeres enfrentan las mismas condiciones para decidir: las más jóvenes, las racializadas, las migrantes y las que habitan territorios olvidados son también las más vulnerables a la violencia obstétrica, al abandono institucional, a los discursos punitivos del sistema y la falta de información.
Mientras tanto, los de siempre siguen decidiendo. Médicos que objetan. Iglesias que presionan. Políticos que legislan desde sus privilegios. Y las mujeres y disidencias, siguen siendo las que sangran, las que callan, las que arriesgan, las que crían, las que enferman, las que mueren.
Por eso este proyecto de ley es apenas un comienzo. Porque reconocer el derecho al aborto no es solo reparar una deuda histórica; es abrir un nuevo territorio de libertad y resistencia.
La libertad reproductiva no es solo la ausencia de imposiciones. Es la presencia de condiciones. Es acceso a salud integral, a educación sexual, a redes de apoyo, a vidas vivibles. Es dejar de estar solas frente a una decisión que nunca debería ser impuesta.
No queremos que el Estado, la Iglesia ni el mercado sigan administrando nuestras decisiones. No somos incubadoras, no somos santas, no somos propiedad pública. Somos personas con historias, miedos, deseos y sueños. Somos sujetas de derechos. Y el primero de todos ellos es este: el derecho a decidir.
Mientras el derecho al aborto no esté garantizado, nuestros cuerpos seguirán siendo territorio de disputa, de propiedad simbólica y de control político.
La despenalización del aborto no solo es una demanda feminista, es una urgencia decolonial. Porque mientras el derecho a decidir siga condicionado por discursos religiosos, intereses económicos o lógicas de dominación, la libertad seguirá siendo un privilegio y no un derecho universal.
— Porque nuestros cuerpos no son campos de batalla del sistema. Son territorios de libertad, deseo y futuro.
Legalizar el aborto no es ideología. Es justicia. Es dignidad. Es el mínimo ético de una sociedad que se dice democrática.