Diez años después de París: de las promesas a la justicia socioecológica

Columna de Mónica Ortiz, Doctora en Geografía por la University of Sheffield (Reino Unido, 2019); doble Magíster en Ciencias Ambientales y Agricultura por la University of Copenhagen (Dinamarca) y la Universität für Bodenkultur Wien – BOKU (Austria, 2012); y Licenciada en Biología, mención Química y Literatura Comparada, por la University of Oregon (EE. UU., 2009).

Hoy se cumplen exactamente diez años desde el Acuerdo de París, proclamado como una política histórica que las naciones adoptaron para comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de mantener un planeta dentro de límites seguros tanto para las personas como para la naturaleza. Diez años después, ¿cuánto hemos logrado y cuánto trabajo queda por delante? Videos e imágenes de Pueblos Indígenas irrumpiendo en la conferencia COP30 (la 30ª conferencia mundial de la ONU sobre el cambio climático) en Belém, Brasil, demostraron que muchos grupos y comunidades mundialmente sienten no solo frustración – ya es enojo – por la falta de avances y de compromisos reales para detener el cambio climático. De hecho, se informó que el número de representantes de la industria de los combustibles fósiles en la conferencia superó al de las delegaciones nacionales de cualquier país, excepto el anfitrión. 

El sentimiento general respecto a los resultados de la conferencia, diez años después del Acuerdo de París, es que estamos llenos de promesas incumplidas. El IPCC, que es el grupo internacional de expertos sobre el cambio climático, informó que incluso si se cumplieran todos los compromisos, aún estaríamos viendo cambios de temperatura de 3 a 4 grados Celsius para fines de siglo. Esto significa que las generaciones presentes y futuras vivirán en un mundo no solo más cálido, sino lleno de nuevos y crecientes riesgos. Olas de calor, sequías, tormentas intensas y las inundaciones resultantes, y una mayor incertidumbre a medida que los océanos se calientan y los bosques pierden su capacidad de almacenar carbono.

El Acuerdo de París fue innovador en su momento porque fue un compromiso global, que incluyó a Chile y a otros países en desarrollo, en el que todos los países debían cambiar la forma en que piensan sobre el desarrollo basado en los recursos naturales. Lo que muestran los últimos resultados de la COP30, y lo que dice la ciencia, es que necesitamos cumplir efectivamente nuestras promesas. Principalmente por parte de los países desarrollados, que deben dar un paso al frente y proporcionar las vías de financiamiento y tecnología para que todos los países puedan adaptarse y reducir sus propias emisiones.

El caso de Chile es de un país en desarrollo que históricamente no ha contribuido de manera significativa a las emisiones globales. Sin embargo, eso no significa que no sea necesaria y urgente una transición socioecológica justa. Es un concepto cargado: transicionar a una economía y modo de vida amigable para la sociedad y la naturaleza, y que al mismo tiempo reconozcan y corrijan las desigualdades históricas, asegurando que los costos y beneficios de esta transformación no recaigan de manera desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables. Es decir, que se construyan con equidad, participación y respeto por los derechos humanos y de la naturaleza. 

En Chile, la destrucción de la naturaleza, la pérdida de especies y ecosistemas nativos, las especies invasoras y los impactos devastadores de la contaminación sólo agravan los impactos ya presentes del cambio climático y sus extremos sobre las personas y la naturaleza. Existen muchos impactos previstos sobre la salud y el bienestar de las comunidades en Chile, especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de la biodiversidad y viven cerca de ella.

Entonces, ¿qué sigue? El IPCC está entrando en otro ciclo de informes científicos, para ayudar a proporcionar la ciencia más precisa que permita informar a los responsables de la formulación de políticas. Los responsables políticos continúan generando nueva legislación para ayudar a mejorar el sistema y cumplir con nuestros compromisos. Pero, ¿es suficiente? El desafío que enfrentamos exige algo más que diagnósticos y nuevas promesas. Requiere voluntad política, cooperación internacional y acciones concretas que se traduzcan en cambios reales en la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. A diez años del Acuerdo de París, el tiempo para postergar decisiones se ha agotado. 

Nuestra tarea colectiva es construir presión, visibilizar las brechas sistémicas y transformar las dinámicas de poder desde abajo hacia arriba, para que nuestras demandas sean escuchadas y se actúe en consecuencia. Cualquier esperanza de resolver la crisis climática se encuentra en las comunidades, aquellas que están en la primera línea de la acción climática, donde nuestras expectativas de justicia climática se convierten en realidad.

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