Más de un mes después de que se anunciara un alto el fuego en Gaza el 9 de octubre, las autoridades de Israel siguen cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada al continuar infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física. Israel restringe severamente la entrada de suministros y el restablecimiento de servicios esenciales para la supervivencia de la población civil —como alimentos nutritivos, suministros médicos y electricidad—; además, limita estrictamente las evacuaciones médicas.

Las autoridades israelíes siguen prohibiendo la entrada de equipos y material necesarios para reparar infraestructuras vitales y retirar artefactos explosivos no detonados, escombros contaminados y aguas residuales, todo lo cual representa daños graves y potencialmente irreversibles para el medioambiente y para la salud pública.

Continúa la expulsión sistémica de personas palestinas de sus hogares y de las que eran las tierras más cultivables, y el ejército israelí está desplegado en el 58% de la Franja de Gaza. Esta expulsión podría convertirse en permanente.

Tampoco ha habido enjuiciamientos ni investigaciones de actos de genocidio por parte de las autoridades israelíes, al menos ninguno que se haya revelado o reconocido públicamente. Por el contrario, los crímenes atroces cometidos contra la población palestina —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y otros malos tratos de personas palestinas detenidas— siguen recibiendo apoyo político de alto nivel en Israel y dentro del ejército.

No solo no ha disminuido el grado de deshumanización de la población palestina después del alto el fuego y el regreso de los rehenes, sino que se ha propuesto una nueva ley sobre la pena de muerte que, según su redacción actual, se aplicaría principalmente a las personas palestinas.

Israel también sigue impidiendo el acceso a la Franja de Gaza de especialistas forenses y equipos de investigación internacionales, incluidos mecanismos de justicia internacional y los establecidos por la ONU, así como de organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación internacionales.

Esto impide efectivamente la recopilación de pruebas sensibles al paso del tiempo que serían esenciales para exigir responsabilidades y proporcionar una reparación a víctimas y sobrevivientes.

Restricciones a la ayuda y materiales de socorro

Una ayuda humanitaria limitada a unos pocos no significa que el genocidio haya terminado o que haya cambiado la intención de Israel.

Según el informe de Amnistía Internacional sobre el genocidio en Gaza, el “acto de ‘sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física’, prohibido por el artículo II.c de la Convención sobre el Genocidio, se refiere a métodos de destrucción que no matan de inmediato a miembros del grupo, sino que, al final, pueden llevar con el tiempo a su destrucción física o biológica”.

Entre ellos figuran actos como someter al grupo a un régimen alimentario de subsistencia; reducir los servicios médicos esenciales a niveles inferiores al mínimo necesario; expulsar sistemáticamente a miembros del grupo de sus hogares, y “generar en general circunstancias que conduzcan a una muerte lenta”, como la falta de alimentos, agua, refugio, ropa o saneamiento suficientes.

A falta de pruebas directas de la intención subyacente con que se impusieron las condiciones de existencia —en otras palabras, si hubo sometimiento intencional a condiciones que habrían de acarrear destrucción física—, la jurisprudencia internacional ha determinado que se podría tener en cuenta “la probabilidad objetiva de que estas condiciones den lugar a la destrucción física del grupo”.

Al evaluar tal probabilidad, podrían tenerse en cuenta los factores siguientes: la naturaleza real de las condiciones de existencia; el tiempo que los miembros del grupo llevan sometidos a ellas, y las características del grupo, entre ellas su vulnerabilidad, especialmente en el caso de los niños y niñas.

Ninguna de estas condiciones impuestas por Israel ha cambiado desde el informe de Amnistía de diciembre de 2024, y el estado físico de los propios palestinos y palestinas ha empeorado en un contexto en el que queda poca o ninguna infraestructura para sostenerlos. La persistente negativa de Israel a garantizar ayuda suficiente a la población palestina de Gaza o a levantar su bloqueo ilegal, que incluye abrir todos los pasos fronterizos, es una prueba abrumadora de que este acto genocida continúa y de que la intención de Israel permanece sin cambios. Israel continúa, consciente y deliberadamente, por este camino desobedeciendo las reiteradas órdenes y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha confirmado las obligaciones internacionales de Israel de suministrar alimentos, provisiones médicas, comida y otros suministros esenciales a la población; ha exigido a Israel que coopere con el UNRWA, y ha declarado ilegal su ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Israel también se niega a proporcionar acceso completo a periodistas y entidades de observación de derechos humanos, tratando así de ocultar el alcance de todo el impacto de sus acciones.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, las autoridades israelíes impidieron la entrada en Gaza, coordinada por diferentes organismos de la ONU, de más de 6.480 toneladas métricas de material de ayuda humanitaria que incluía materiales para refugios y equipos esenciales para el tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento y la reparación de infraestructura de agua y saneamiento, y la retirada de artefactos explosivos no detonados y escombros contaminados.

Estas restricciones siguen agravando la situación humanitaria de Gaza, derivada de 18 años de bloqueo ilegal y exacerbada exponencialmente por los últimos dos años de operaciones militares intensivas israelíes, que han dañado gravemente o destruido infraestructura de agua y saneamiento en toda la Franja de Gaza.

Una de las personas con responsabilidad técnica sobre los servicios de agua y saneamiento de la Ciudad de Gaza dijo a Amnistía Internacional que el ayuntamiento sólo ha podido cubrir un tercio de las necesidades diarias de agua de la población.

“Antes de la guerra, teníamos capacidad para proporcionar 100.000 metros cúbicos diarios de agua a través de la principal planta desalinizadora de la ciudad —destruida al principio del genocidio—, de los 84 pozos municipales de la ciudad y de la tubería conectada a la red de agua de Mekorot en Israel. A causa de la destrucción total o los graves daños sufridos por la mayor parte de los pozos municipales, de la escasez del combustible necesario para el funcionamiento de los pozos de agua privados y de la negativa de las autoridades israelíes a permitir la entrada de piezas de repuesto para reparar tuberías dañadas o camiones cisterna, sólo podemos producir alrededor de 35.000 metros cúbicos diarios de agua. Grandes partes de la Ciudad de Gaza siguen sin tener agua corriente […] Incluso familias que sí reciben agua no llegan ni de lejos a cubrir sus necesidades diarias de consumo”.

Profesionales de la ingeniería de los municipios de Ciudad de Gaza y Deir al Balah, y las autoridades encargadas de los recursos hídricos de la costa en el sur de Gaza dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades israelíes han denegado sus peticiones, formuladas a través de organismos de la ONU, de que permitieran la entrada de bombas para limpiar desagües y otros equipos necesarios para la gestión de las aguas residuales.

Las lluvias torrenciales de los días 15 y 16 de noviembre inundaron las tiendas de miles de personas desplazadas dejando a familias desamparadas con sus ropas y pertenencias empapadas y ningún lugar seco donde refugiarse. Estas escenas devastadoras ofrecen un pequeño atisbo de las desastrosas condiciones que afrontará la gente en invierno, en medio del temor a una catástrofe causada por desbordamiento de aguas residuales.

Una viuda de 28 años dijo a Amnistía Internacional que no pudo encontrar ropa ni ropa de cama seca para su hija de 2 años después de que la lluvia torrencial inundase su tienda.

En diciembre de 2024, Human Rights Watch puso de relieve que, desde octubre de 2023, las autoridades israelíes obstaculizaban deliberadamente el acceso de la población palestina a las cantidades de agua necesarias para la supervivencia y lo calificó de acto de genocidio. Esas trabas siguen vigentes y su impacto es aún mayor debido a los daños adicionales sufridos a lo largo del año pasado y a la prolongada falta de reparaciones.

Un padre de seis hijos dijo a Amnistía Internacional que la falta de acceso al agua había impedido que su familia regresara a su hogar en Tal al Hawa, en la Ciudad de Gaza: “Si al principio de la guerra pudimos afrontar esto, ahora estamos completamente agotados; no tengo fuerzas para volver a empezar totalmente de cero después de tantos desplazamientos”.

Una enfermera de 29 años que regresó con su familia a su casa destruida en Yabalia, en el norte de Gaza, tras haber sido desplazada reiteradamente y que vive ahora en un refugio improvisado en las ruinas de su casa, dijo: “No tenemos electricidad ni agua ni ninguna infraestructura. No podemos bombear agua del pozo que está cerca de nuestra casa porque no hay combustible para la bomba, pero logramos conseguir pequeñas cantidades de agua de una escuela vecina donde se refugian muchas familias desplazadas”. Pese a las condiciones, dijo que su familia está en una situación mejor que la gente que sigue desplazada y no sabe cuándo van a retornar ni si podrán hacerlo.

Israel sigue prohibiendo al UNRWA, el mayor proveedor de ayuda humanitaria y educación, coordinar la entrada de suministros en Gaza. Y ello a pesar de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del mes pasado, que concluía que Israel tiene la obligación de no obstaculizar el trabajo del UNRWA y de otras organizaciones humanitarias en el TPO y que, de hecho, Israel tiene la obligación de facilitar sus operaciones. Estas trabas al UNRWA y otras entidades también incumple reiteradas medidas provisionales impuestas por la CIJ a Israel para que permita la entrada sin obstáculos de ayuda humanitaria en Gaza.

Las peticiones de otras destacadas organizaciones humanitarias para que se permita la entrada en Gaza de una ayuda humanitaria que se necesita con urgencia han sido también denegadas alegando su falta de inscripción en registro en Israel, condición que este país impone para restringir arbitrariamente las operaciones humanitarias. Estas restricciones dificultan en concreto la capacidad de las organizaciones médicas internacionales para llevar suministros médicos esenciales en Gaza, lo que priva a pacientes palestinos de medicaciones vitales.

Un miembro del personal de una destacada organización humanitaria internacional dijo a Amnistía Internacional que sólo se les permitía introducir en Gaza productos de higiene, y que sus peticiones para introducir otros suministros fundamentales han sido rechazadas o no han recibido respuesta.

Estas restricciones se reflejan en la cruda realidad de la vida en Gaza, donde la grave escasez continua de suministros médicos —incluidos medicamentos para la tensión arterial, infecciones, fallo renal, cáncer o diabetes— sigue siendo extremadamente terrible.

El impacto de esta escasez es agravado por el hecho de que muchos palestinos y palestinas de Gaza son ahora más vulnerables a las enfermedades y a su propagación debido a los efectos continuos de la desnutrición y a la privación prolongada de atención médica. Un médico de urgencias del hospital Al Shifa dijo a Amnistía Internacional:

“Llegan a nuestro hospital pacientes con enfermedades crónicas, especialmente personas mayores, y no hay nada que podamos hacer para salvarles la vida. Ahora que las muertes causadas por los bombardeos han disminuido significativamente desde el alto el fuego, estamos viendo casos que antes de la guerra se habrían evitado fácilmente: personas con enfermedades cardiacas, con diabetes, con fallos renales, para quienes no tenemos el equipo, el personal ni la capacidad para tratarlas. Están muriendo una muerte lenta”.

Añadió: “Aunque la situación para nosotros ha mejorado después del alto el fuego, con la apertura de nuevos puntos de atención primaria para la salud, la escasez de suministros médicos vitales sigue afectando a nuestra capacidad para salvar pacientes, especialmente personas con complicaciones derivadas de la diabetes, la escasez de medicinas necesarias para pacientes de cáncer o para enfermedades cardiacas”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, citado por la OCHA, de 622 medicamentos esenciales, 342 (más del 55%) se encuentran actualmente a niveles de stock cero. Esto incluye el 74% de los medicamentos para quimioterapia y enfermedades de la sangre, el 64% de los medicamentos de atención primaria, el 56% de los medicamentos para la salud maternoinfantil y el 50% de los medicamentos para trasplante renal y hemodiálisis. Además, de 1.006 productos médicos de un solo uso conocidos como consumibles, 710 (el 71%) estaban también a niveles de stock cero en octubre de 2025. Entre ellos está el 100% de los consumibles para cirugía a corazón abierto y cateterismo, el 99% de los consumibles para cirugía ortopédica y el 91% de los consumibles para cirugía oftálmica.

La situación es especialmente mortal para quienes necesitan tratamiento que les salve la vida fuera de Gaza pero no pueden acceder a él. Esto se debe a menudo a los retrasos de Israel a la hora de conceder permisos y su prohibición en curso de tratar a personas palestinas de Gaza en hospitales de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el primer mes transcurrido desde la firma del alto el fuego, facilitó la evacuación médica de Gaza de 165 pacientes, incluidos 105 niños y niñas. Al menos 16.500 personas palestinas en estado crítico o heridas —casi 4.000 de ellas niños y niñas— necesitan tratamiento especializado urgente.

Desplazamiento ilegal en condiciones inhumanas

Continúa el traslado forzoso masivo de personas palestinas, que agrava las condiciones en las que éstas viven y que se viene usando para justificar el homicidio de estas personas. Según el acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí sigue totalmente desplegado en alrededor del 54-58% de la Franja de Gaza, lo que deja esta zona aislada del resto de la Franja.

El perímetro de esta zona está indicado de forma ambigua en mapas publicados por el ejército israelí y demarcado, en algunos casos, con bloques de cemento, y se conoce como “línea amarilla”. En los últimos dos años, dentro de esta zona, el ejército israelí viene implementando un meticuloso plan de destrucción y aplanamiento de toda la zona, en la que se han establecido puestos militares avanzados.

Se impide a la población palestina el regreso a sus casas o tierras de cultivo cuando están al otro lado de la línea amarilla, y el ejército israelí ha disparado a quienes se acercan, causando la muerte de 93 personas palestinas que intentaban cruzar y regresar a su casa.

Al impedir el acceso de la gente a sus tierras de cultivo y fuentes de producción alimentaria, Israel está agravando el impacto de sus restricciones deliberadas a la entrada de alimentos nutritivos y de otros artículos necesarios para la vida. Las restricciones de acceso y la destrucción generalizada de zonas agrícolas e industriales, junto con la severa restricción por Israel de las pesquerías de Gaza, impiden a la población palestina el acceso a formas independientes de sustento, obligándola deliberadamente a depender por entero del insuficiente suministro de alimentos y otros artículos cuya entrada y distribución en Gaza limita arbitrariamente Israel.

Una maestra de 54 años dijo a Amnistía Internacional que sigue viéndose obligada a vivir en condiciones insalubres en un campamento superpoblado porque su casa en Shuja’iya está al otro lado de la línea amarilla:

“Habríamos estado dispuestos a volver a Shuja’iya aunque fuera para montar tiendas sobre las ruinas de nuestra casa destruida, pero la línea amarilla nos impide hacerlo. Vecinos que fueron a Shuja’iya sólo a inspeccionar los daños de sus casas fueron tiroteados porque el ejército israelí dijo que habían cruzado la línea”.

La población desplazada afronta condiciones insalubres y de hacinamiento, lo que agrava la propagación de enfermedades entre personas cuyos sistemas inmunitarios siguen debilitados debido a la desnutrición y a la privación prolongada de atención médica, y muchas de las principales zonas de desplazamiento carecen de infraestructuras vitales. El desplazamiento es agravado por la destrucción generalizada de infraestructuras, incluidas carreteras, y la falta de transportes, lo que dificulta aún más que la población palestina llegue a los limitados servicios médicos disponibles y que las agencias puedan distribuir efectivamente ayuda en la Franja de Gaza.

La situación es especialmente terrible para las personas con discapacidad.

Una persona de 56 años usuaria de silla de ruedas que vivía en el campo para personas refugiadas de Yabalia —y que fue desplazada ulteriormente a un campo en Al Zawayda— dijo:

“Todo es duro aquí. No hay aseos adaptados para personas en silla de ruedas, así que cada vez que necesito ir al aseo es un tormento. Para nosotros quizá lo único que ha mejorado es que ha parado el bombardeo incesante; que al menos hay alguna seguridad ahora, pero también es peor porque no vemos ningún final en el horizonte. ¿Estamos condenados a vivir en tiendas y en el campo para el resto de nuestra vida, sin dignidad, sin privacidad?”

Dunia al Ajrami, de 24 años, que resultó herida en un ataque israelí el 16 de noviembre de 2024 y a la que tuvieron que amputar una pierna por encima de la rodilla y cuatro dedos de una mano, habló de las dificultades que tiene en el campo como persona con discapacidad:

“Soy una especialista en educación especial; tenía un empleo antes de la guerra, trabajaba con niños y niñas… La herida me arrebató mi independencia, pero, lo que es peor, la tienda me arrebata mi humanidad. Los aseos no son accesibles, me cuesta mucho moverme en la tienda, ducharme. Antes mantenía a mi familia, pero ahora dependemos totalmente de la ayuda”.

Una enfermera que no puede regresar a su casa familiar al este de la línea amarilla dijo a Amnistía Internacional:

“Me han desplazado múltiples veces y lo he perdido todo, y ahora vivo en una tienda en condiciones que no podrían ser peores, pues estos días han llegado fuertes lluvias y todo está inundado y con la llegada del invierno esto sólo empeorará. Si al menos pudiéramos volver a nuestra tierra, podríamos refugiarnos en los escombros de nuestra casa y al menos tendríamos cierta intimidad. Al menos sería hogar”.

La presión internacional debe poner fin a todos los actos genocidas, no solo a los bombardeos

En su informe de diciembre de 2024 sobre el genocidio de Israel, Amnistía Internacional detallaba las numerosas pruebas de la creación deliberada por Israel de condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de la población palestina de Gaza.

También proporcionaba datos sobre la intención genocida de Israel basándose en el contexto general en el que se cometían los actos prohibidos, la existencia de un patrón de conducta, la escala y la naturaleza sistemática de los actos prohibidos, y la escala, naturaleza, alcance y grado del daño experimentado por el grupo protegido. Salvo el cese del bombardeo continuo, poco ha cambiado respecto de lo documentado en el informe de Amnistía de diciembre de 2024 y nada indica que haya cambiado la intención de Israel.

El sistema de apartheid de Israel contra la población palestina continúa

La deshumanización constante es la política estatal israelí de discriminación y traslado forzado de personas palestinas en la Cisjordania ocupada ha empeorado y han aumentado la violencia y los homicidios respaldados por el Estado.

Continúa la detención arbitraria de personas palestinas por Israel, y la tortura y otros malos tratos de las personas detenidas, y al menos 98 personas han muerto en detención desde octubre de 2023. Todos estos “actos culpables, dirigidos sistemáticamente contra el mismo grupo” siguen siendo prueba de la intención de Israel.

La población palestina sigue confinada en menos de la mitad del territorio

Dentro de la propia Gaza ocupada, en las zonas menos aptas para sustentar la vida, mientras la ayuda humanitaria sigue severamente limitada.

Todavía hoy, incluso después de reiteradas advertencias de organismos internacionales, tres conjuntos de órdenes legalmente vinculantes de la CIJ y dos opiniones consultivas de ésta, y pese a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos como potencia ocupante y como parte en un conflicto armado, Israel continúa sin proporcionar deliberadamente los suministros necesarios a la población civil de Gaza o sin permitir que lleguen.

El alto el fuego fue resultado de la presión internacional, incluida la de su aliado, Estados Unidos, no resultado de ningún aparente cambio de opinión.

La jurisprudencia internacional reconoce que la presión internacional puede impedir que el perpetrador de un

“plan genocida lo lleve a cabo de la forma más directa y eficiente” y obligarlo a adoptar, en cambio, “el método que le permita ejecutar el plan genocida minimizando el riesgo de represalias”.

A estas alturas, aunque el bombardeo ha cesado en gran medida, Israel sigue restringiendo y obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, lo que perpetúa las condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física: la muerte lenta de la que informan las entidades observadoras dentro de Gaza.

Cualquier esfuerzo episódico de mitigación por parte de Israel para permitir la provisión de ayuda humanitaria u otros suministros esenciales a la población de Gaza no niega una inferencia de intención genocida en la medida en que este esfuerzo sea incoherente o insuficiente y no se traduzca en un cambio radical de las condiciones de vida impuestas a la población palestina de Gaza.

Y a estas alturas, es evidente que Israel no va a permitir la provisión de ayuda suficiente para crear dentro de Gaza condiciones para la supervivencia a menos que la comunidad internacional exija que tome medidas efectivas para garantizar que lo hace.

@amnistíachile