Ocho reformas, un estado de excepción y las preguntas que no podemos dejar de hacernos. Desliza. Doscientos hombres, manos atrás, cabeza gacha, posan para una cámara en una cárcel de Talca. Desliza. Una ministra le dice a un ministro que no entiende el proyecto que ella misma cuestiona. Desliza. Alguien, en un chat, agenda para marzo la próxima asamblea del 8M. Desliza. Un perro con lentes de sol.

Ninguna de estas escenas es ficción. Todas ocurrieron, o se decidieron, esta misma semana, en el mismo país donde escribimos. El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado ocho reformas a la Constitución dentro de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la ACOT: más de treinta iniciativas anunciadas en cadena nacional el 5 de agosto. Entre ellas, la pieza que nos interesa: un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, distinto de los cuatro que ya existen, mucho más flexible para el Ejecutivo y mucho más peligroso para cualquiera que alguna vez haya convocado, sostenido un lienzo o compartido la ubicación de un punto de encuentro.

La letra chica

El nuevo estado de excepción lo decreta el Presidente cuando estima que existe una amenaza grave e inminente a la seguridad pública, o cuando esta ya ha sido gravemente afectada. Dura hasta 120 días corridos. Él mismo puede prorrogarlo una vez; después, necesita al Congreso. Mientras rige, puede suspender o restringir la libertad personal, la libertad de locomoción y el derecho de reunión. Puede restringir el derecho de asociación. Puede interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Puede requisar bienes. La zona afectada queda a cargo de un oficial general que el propio Presidente designa.

La reforma crea, además, un registro constitucional de organizaciones de crimen organizado y terrorismo. El Presidente podrá declarar que un grupo pertenece a esa categoría; el Senado tendrá cinco días para ratificarlo, con dos tercios de sus miembros. Quien sea condenado por crimen organizado quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Quien sea condenado por crimen organizado o terrorismo perderá, por quince años, el acceso a penas sustitutivas, beneficios penitenciarios y ciertas prestaciones financiadas con fondos públicos. El borrador original decía, textual, que esas diferencias de trato «no se considerarán arbitrarias». Esa frase se retiró. Que hayan tenido que escribirla, y después borrarla, ya dice algo.

El calendario del shock

Hagamos el ejercicio de leerla sin caricatura. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, tiene un argumento real: hoy, para condenar a alguien por pertenecer al Tren de Aragua, la Fiscalía debe probar dos cosas —que la persona pertenece y que la organización existe— y esta reforma busca allanar ese segundo paso, algo que, según el propio Gobierno, ya hacen Italia o Estados Unidos. La encuesta Criteria registró entre 75% y 94% de apoyo ciudadano a las distintas medidas. Nadie en esta redacción va a fingir que el miedo a la delincuencia es un invento de la derecha: es un dato, se siente en el cuerpo, organiza rutinas, decide a qué hora volvemos a casa.

Pero Naomi Klein nos enseñó a leer el calendario de las crisis: el shock no crea el poder que lo aprovecha, solo le abre la puerta que estaba cerrada. Una amenaza real —el crimen organizado transnacional— se convierte en la llave maestra para instalar, con altísimo respaldo público, una figura que toca libertad de movimiento, de reunión, de asociación y el secreto de las comunicaciones.

Incluso dentro del propio Gobierno hay ruido: la ministra de Salud, May Chomalí, puso reparos a quitarle prestaciones a condenados y el ministro Arrau salió a decir que ella no entendía el proyecto que su propio gabinete redactó. Si adentro de La Moneda nadie se pone de acuerdo sobre dónde termina el castigo justo y dónde empieza el despojo de derechos, ¿por qué deberíamos confiar en que ese límite quedará claro para el resto de nosotres?

Pedagogía de la crueldad, en vivo y en directo

El viernes pasado, casi doscientos reos fueron trasladados a la nueva cárcel de Talca. El operativo se llamó Cancerbero. Se transmitió. Las imágenes —filas de hombres sentados, manos adelante, cabezas agachadas— fueron comparadas, por varios medios chilenos, con la estética del CECOT de Nayib Bukele.

Rita Segato tiene una palabra para esto: pedagogía de la crueldad. No es solo castigar; es enseñarle a mirar al resto de la sociedad, hasta que deje de doler, hasta que el cuerpo sometido se vuelva paisaje, contenido, algo que se desliza. Sayak Valencia lo llamaría capitalismo gore: el espectáculo de la violencia estatal como mercancía política, filmado para que circule, para que dé votos, para que baje el umbral de lo que estamos dispuestos a tolerar en nombre del orden.

No es casual que esto ocurra a la vez que se amplían las facultades para vigilar comunicaciones. Cuanto más aceptamos ver cuerpos sometidos como espectáculo de seguridad, más fácil resulta aceptar que también se vigilen nuestras conversaciones «por nuestro propio bien».

¿Qué pasará cuando nos reunamos?

Aquí están las preguntas que esta redacción no puede dejar de hacerse.

¿Qué pasa si en marzo convocamos, como cada año, a la marcha del 8M, y alguien en el poder decide que esa multitud «afecta gravemente» la seguridad pública de una comuna?

¿El derecho de reunión que hoy ejercemos para gritar consignas feministas es el mismo derecho de reunión que esta reforma habilita a suspender?

¿Los chats donde coordinamos transporte, cuidado de niñeces, puntos de encuentro y primeros auxilios para una marcha caen dentro de «toda clase de comunicaciones» susceptible de interceptación?

¿Quién decide qué colectiva es disidencia legítima y cuál termina inscrita, algún día, en el nuevo registro de organizaciones?

No son preguntas paranoicas. Son preguntas con historia. La Ley Antiterrorista chilena nació en 1984, bajo la dictadura, y desde entonces ha sido usada, de forma desproporcionada, contra las demandas territoriales del pueblo mapuche: la Corte Interamericana condenó a Chile por esto en 2014, y expertos de Naciones Unidas pidieron, en 2017, que Chile dejara de aplicarla a la protesta social mapuche.

La Ley de Seguridad del Estado, todavía más vieja, fue invocada durante el estallido de 2019 contra manifestantes que gritaban consignas, y se ha seguido invocando después, incluso bajo un gobierno que no es de derecha, contra dirigentes mapuche.

La lección no es partidista: una vez que la herramienta existe, sobrevive a quien la creó y decide, ella sola, a quién apunta después. Kast dijo, esta misma semana, que las críticas a su reforma son parte de «un debate legítimo» y que acatará lo que decida el Congreso o el Tribunal Constitucional. Bien. Que se note, entonces, en el texto final.

La seguridad que no nos tiene en cuenta

Hay una pregunta más incómoda todavía. Esta agenda constitucionaliza la seguridad pública como deber esencial del Estado. Mide su éxito en homicidios, en bandas, en fronteras. Nunca en femicidios. Nunca en violencia intrafamiliar. Nunca en precarización laboral ni en colapso climático, que también matan, solo que más lento y sin operativo con nombre de perro mitológico.

La ternura, escribimos hace poco en estas páginas, es alta resolución emocional en un mundo de afectos pixelados. La seguridad que hoy se constitucionaliza, en cambio, es de altísima resolución para un tipo de miedo —el del extraño armado, el de la organización criminal— y de resolución nula para el miedo que la mitad de este país sabe reconocer de memoria: el que entra por la puerta de la propia casa.

El ‘miramiento’ como estrategia

Entonces, ¿qué haremos? No tenemos una respuesta cerrada, y desconfiamos de quien la tenga. Pero sí sabemos, porque lo hemos escrito antes, que el miramiento —esa forma de mirar al otro con cuidado, de sostenerle la mirada a quien el sistema vuelve invisible— es una forma de resistencia, no una ingenuidad. Seguir reuniéndonos, aunque reunirnos cueste más.

Documentar colectivamente, para que ninguna versión de los hechos dependa de una sola cámara oficial. Tejer redes de acompañamiento legal y psicológico antes de que se necesiten, no después. Cuidar cómo y dónde coordinamos, sin dejar que el miedo a la vigilancia haga el trabajo de la censura por sí sola. Nombrar, una y otra vez, que la inseguridad también tiene género, también tiene clase, también tiene territorio.

Desliza. Ocho reformas constitucionales entran al Senado con suma urgencia. Desliza. Alguien, en un chat, agenda para marzo la próxima asamblea del 8M. Desliza y, esta vez, no sueltes el dedo. Quédate un segundo más en esa imagen. Pregúntate quién va a estar ahí, en marzo, y qué ley va a estar rigiendo ese día.